Recién conocida la sentencia de la Sala de lo Contencioso_ Administrativo Sección
cuarta del Tribunal Supremo, donde se desestima el recurso de casación presentado
por el Dr. Montes Mieza y 39 profesionales más del Hospital Severo Ochoa exigiendo
reclamación de responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid, por los daños
y perjuicios causados por las actuación de las autoridades y personal a su servicio en el
llamado “caso Leganés” versus “casoLamela”; esta Asociación quiere manifestar:

- Acatamos la sentencia por nuestro profundo respeto al Estado de Derecho.

- NO COMPARTIMOS en absoluto la citada resolución .Se hace muy difícil aceptar
y entender, desde el conocimiento completo de los hechos que entonces se
produjeron, pueda afirmarse que el entonces Consejero de Sanidad, Sr. Lamela,
no tuviera ninguna intención de producir daño a la honorabilidad y
profesionalidad del Dr. Montes Mieza y demás profesionales personados en
este procedimiento.

- Una abrumadora mayoría de la ciudadanía, no sólo de Madrid sino de todo el
Estado Español tuvo en aquellas fechas, a nuestro juicio, más clarividencia al
valorar los hechos que la manifestada por el Tribunal en su sentencia. El
rechazo social a la actuación del Sr. Lamela, miembro del Gobierno de Dña.
Esperanza Aguirre, fue de tal magnitud que arruinó su carrera política.

- Es cada vez más frecuente observar como se conocen resoluciones judiciales
que no son bien entendidas por el tejido social; si a ello se une una lentitud
excesiva en la resolución de los litigios y la sensación de impunidad que se
percibe en algunos casos que afectan a personas o entidades poderosas , es
explicable que la Justicia esté hoy muy mal valorada por los ciudadanos en
todas las encuestas de opinión serias publicadas.

- Seguimos creyendo en el Estado de Derecho y por ello esperamos que en los
procesos que siguen abiertos contra personas (entre ellas, el Sr. Lamela) y
entidades por este mismo asunto, se produzcan resoluciones judiciales rápidas
y justas. Las acusaciones falsas imputando delitos muy graves, así como las
injurias y calumnias no pueden salir gratis en un Estado de Derecho.