Catedráticos, economistas y juristas advierten de que la reforma laboral amenaza el modelo social de la Constitución. Por P. Rusiñol.

En 1889, la España del turno pacífico de la Restauración aprobó el Código Civil, el gran esqueleto legal que ha llegado hasta nuestros días. No había entonces ningún diputado vinculado al movimiento obrero y nadie había conmemorado aún el Primero de Mayo. Y sin embargo, el artículo 1.256 de la compilación que promovió Sagasta rezaba así: "La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes".

La reforma laboral que el Gobierno del PP acaba de remitir al Congreso es tan profunda que algunos juristas advierten de que en 2012 peligran derechos tan antiguos como el conquistado con Sagasta: el nuevo contrato llega a dar potestad absoluta al empresario durante todo un año el periodo de prueba para despedir sin explicación ni indemnización. Es decir, subraya José Luis Aramburu, abogado vinculado a UGT, "se deja al arbitrio de uno de los contratantes".